Berlanga ha muerto, pero lo ha hecho de muy mayor, y tras haber dado lo mejor de sí mismo hasta el último momento, como hemos visto en el anuncio de Médicos sin Fronteras: un gesto de justicia poética poco antes de mandar a revelar la película de su vida. Su cine fue sanador porque nos redimía de nuestras tragedias, con ese humor suyo tan característico que pese a ser tan español, era también universal. No olvidemos que todos los seres humanos compartimos miserias, deseos y frustraciones. Berlanga fue el cirujano que con su bisturí, rociado del ácido clorhídrico azconiano, supo abrir en canal nuestras conciencias, pero siempre trasluciendo comprensión y ternura por unos personajes tan reales como la vida misma. Seguramente por eso algunos de ellos hoy son inmortales.

En una entrevista narró esta descacharrante anécdota sobre la censura. Los guiones tenían que ser revisados antes del rodaje, y a él le tacharon la secuencia inicial de uno cuyo texto rezaba así: “Plano general de la Gran Vía”. Su estupefacción fue absoluta. No entendía que le exigieran suprimir una toma de esa conocida calle madrileña. Posteriormente le explicaron el motivo que adujo el censor: “Conociendo a este director, seguro que incluiría en ese plano a un cura saliendo de Pasapoga” (una conocida sala de fiestas). Berlanga se lamentaba jocosamente de que una idea tan genial no se le hubiese ocurrido a él. Y es que el cineasta valenciano poseía el don de la irreverencia y la transgresión (tan ausentes en nuestros días), pero con la sutileza necesaria para enmascarar humorísticamente las verdades más graves.

Sus mejores películas fueron precisamente las que tuvieron que esquivar a la dictadura. En sus clásicos planos-secuencia solía incluir alguna maldad, que podía pasarle desapercibida a la censura porque ésta andaba ocupada en velar por la decencia. Gracias a dos magistrales guiones de Rafael Azcona logró denunciar la hipocresía de los ricos con los pobres del franquismo (Plácido), así como rodar un feroz alegato contra la pena de muerte (El verdugo). De esta última, los censores no advirtieron que su protagonista se pasaba la película negándose angustiadamente a ejecutar a nadie, aduciendo que “él no era ningún asesino”. Pero bajo ese despiadado humor negro, se ocultaba una gran empatía por esos desgraciados que sólo deseaban ser felices a su manera. Eran los bienaventurados de un régimen, alimenticio y sexual, impuesto por quienes evitaban que el pueblo pecara con los placeres de la vida, no les fuesen a gustar. Berlanga supo reírse de todos esos moralistas de salón, mirando tras el objetivo con sus ojos azules de eterno niño travieso, que se han cerrado tras abrir los nuestros a esa España en blanco y negro.

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Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado Red SOStenible

http://Red-SOStenible.net

La Red Sostenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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Esta tarde Bruselas va a intentar sacar adelante el nuevo paquete Telecom, documento creado para legislar las telecomunicaciones europeas. Con el borrador actual que está a punto de aprobarse, la Unión Europea dará carta blanca a las compañías de internet para cortarnos el acceso sin mediar orden judicial. Por si esto fuese poco, a las compañías suministradoras del servicio también se les permitirá escuchar y monitorizar nuestro tráfico. Es decir, Bruselas está dispuesta a aprobar que las empresas espíen nuestras comunicaciones indiscriminadamente, sin la menor garantía legal.

En el paquete Telecom había una enmienda, la 138, que nos libraba de estos atropellos antidemocráticos, porque garantizaba que cualquier intromisión en las comunicaciones debería ser ordenada por un juez. Sin embargo la Unión Europea ha cedido a las presiones de la industria de los contenidos y las telecomunicaciones, para que las autoridades administrativas puedan disponer de nuestra privacidad a su antojo, con lo cual ésta dejará ya de serla. Hoy, a las 18 horas, Alejo Vidal-Quadras y la francesa Trautmann probablemente acepten reducir nuestras garantías jurídicas, traicionando la citada enmienda (que fue aprobada por dos veces con el 88% de los votos). Por cierto, éste es el e-mail del señor Vidal Quadras: alejo.vidal-quadras@europarl.europa.eu

Lo pongo a disposición de los lectores para que puedan escribirle quienes deseen mostrar su desacuerdo con la decisión que pretenden tomar tanto el propio Vidal Quadras como otros europarlamentarios. Unos políticos que nos están dejando muy claro con su conducta que trabajan al servicio de los intereses de los grandes poderes, despreciando por completo a los ciudadanos que dicen representar. Ante tamaño atropello que está a punto de ser perpetrado contra las libertades ciudadanas, no puedo dejar de recordar este artículo que hace un par de años leí en el diario EL PAÍS titulado ’25 países ejercen la censura en internet’. Quién me iba a decir a mí entonces que, escasamente dos años después, en Europa podríamos acabar imitando las antidemocráticas condiciones que padecen los internautas chinos, iraníes o coreanos.

Actualización.- Desgraciadamente ya es oficial: “La Unión Europea acuerda que se podrá cortar el acceso a internet sin orden judicial”.

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