Toda España lo conoce como el héroe que por evitar el maltrato a una mujer sufrió una salvaje agresión que estuvo a punto de acabar con su vida. Lo que poca gente sabe es que el profesor también llevaba muchísimo tiempo sufriendo otro calvario, en este caso profesional. El pasado mes de junio, en el programa “Las noches blancas” que presenta en Telemadrid mi admirado tocayo Sánchez-Dragó, Jesús Neira reveló la persecución que ha estado sufriendo durante los últimos años en la Universidad Complutense de Madrid, como consecuencia de sus ideas. El ser muy crítico con el sistema, así como un gran disidente con el poder y sus injusticias,  negándose a participar en enjuagues y politiqueos de cualquier tipo, le acabó convirtiendo en un apestado, siendo defenestrado hasta dejarlo prácticamente sin funciones como profesor universitario.

Tras conocer algunas de sus recientes entrevistas en diversas televisiones de ámbito no nacional, quizá comprendamos por qué ha sufrido semejante calvario académico. Entre otras joyas, que yo comparto plenamente, Neira ha asegurado que no confía en el poder ni en los políticos, mostrándose muy pesimista con el sistema democrático español. Considera igualmente que vivimos en un país formado por individuos que entregan su libertad gratuitamente. Un país de gregarios aborregados, añadiría yo, pues basta ver el engaño masivo que estamos sufriendo con la crisis económica y los datos del paro (que a mediados de mes desentrañaré meticulosamente), pese a lo cual la gente sigue sin decir ni pío.

Jesús Neira también se ha atrevido a asegurar que en España no hay democracia. Sé que puede resultar muy escandalosa esta afirmación, pero somos muchos quienes la compartimos plenamente. Lo más importante de todo es que argumenta, y muy bien, por cierto, tan categórico comentario. Según el profesor, durante la Transición no hubo realmente un poder constituyente, porque el pueblo no debatió la Constitución. Tampoco contamos con una separación de poderes, pilar de cualquier democracia que se precie de serlo, y al no haberla tampoco existe un control eficaz de los mismos. Por último, Neira asegura que nuestro sistema no es representativo, sencillamente porque siempre es una sola persona quien decide todo lo que deben hacer el resto de miembros de su partido. Por tanto nuestros representantes no son tales, ya que a la hora de la verdad es el jefe del partido quien decide, pasándose por la entrepierna a los presuntos representantes y representados. Más razón que un santo.

Estas recientes declaraciones de Neira, que han sido silenciadas en los grandes medios nacionales, vienen a confirmar que no fue casualidad su defensa de una víctima. Detrás del héroe hay un ciudadano que reclama nuestro legítimo derecho a ser tratados como tales, en un país que se asemeja cada día más a una monarquía bananera, pese a lo que te cuenten en el telediario.

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“Éstos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros.” (Groucho Marx)

En los próximos minutos vamos a desmontar, una vez más, la sarta de mentiras del charlatán que ocupa el palacio de la Moncloa. Para ello, hoy vamos a centrarnos en dos asuntos catalanes: su nuevo Estatuto y el pacto del Tinell. Vaya por delante mi respeto al pueblo catalán, directamente proporcional a mi desprecio por la casta política que ha promovido ambos textos.

Zapatero, que como buen mentiroso dice lo contrario de lo que piensa con la intención de engañar, miente cuando dice que el nuevo Estatuto es bueno para todos los españoles. Y miente más todavía, cuando asegura que sirve para fortalecer la cohesión y la solidaridad interterritorial. Especialmente en lo de la solidaridad te quería yo pillar, moreno. ¿Por qué está ocultando a los ciudadanos, a los que mira con cara de corderito degollado, que dicho Estatuto incluye un sistema de financiación que hace trizas la solidaridad interterritorial? ¿Por qué se vanagloria de un texto que va a discriminar económicamente a otras comunidades y, por tanto, a sus ciudadanos?

Supongo que el lector no conocerá estos detalles, porque ya se encarga la artillería mediática socialista de ocultárselo y porque contarlo, además, implicaría ser bautizado laicamente como anticatalán. El nuevo Estatuto, se arroga el derecho a quedarse con un trozo del pastel del dinero del Estado muy superior al actual, en perjuicio, obviamente, de otras regiones mucho más deprimidas. A éstas sólo les reservan las migajas, pues ya no podrán optar en igualdad de condiciones al reparto.

Afortunadamente, el polémico Tribunal Constitucional ha echado el alto a este revolucionario de salón que patrocina nuestro colosal desmadre estatutario, y que está favoreciendo a unas comunidades en flagrante perjuicio de otras. En su sentencia 13/2007, de 18 de enero, respecto al nuevo Estatuto de Andalucía (otro que merecería también artículo aparte), afirma: “La autonomía financiera de las comunidades, correlato imprescindible de su autonomía política, debe necesariamente partir de la consideración de que dicha autonomía financiera ha de tener en cuenta los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.”

Menudo guantazo, por insolidarios. O sea, que de coger la tarta y decir “quien parte y reparte se lleva la mejor parte”, naranjas de la China. Si lo que el leal de Zapatero pretende es cargarse la Constitución, pues uno de sus pilares es la solidaridad interterritorial (artículos 2 y, especialmente, 138**), para así acabar con el actual modelo de Estado, sería de agradecer que por lo menos tuviera la gallardía de comunicárselo a los votantes. Pero no, a él le resulta mucho más rentable electoralmente marear a base de circunloquios a “los que no tienen de todo”, mientras defiende estatutos que les dejan con las sobras, a espaldas de la Constitución. ¿Todo esto refuerza la cohesión y la solidaridad con los más necesitados?

Segunda parte. Como según Zapatero hemos mejorado en lectura gracias a su gestión, aunque nuestros estudiantes estén entre los más burros de Europa, aprovecharemos para leer un bello fragmento del pacto del Tinell, documento que está íntimamente ligado al nuevo Estatuto del que acabamos de hablar. Un pacto que fue rubricado por su partido en Cataluña el 14 de diciembre del 2003, sólo tres meses antes de que el adalid del talante llegara a La Moncloa, y del que aseguró desconocer su existencia en su primer debate con Rajoy. Leamos todos juntos, que es muy bonito: “Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales.”

Menuda declaración de intenciones, señora. Marchando una de talante y otra de tolerancia. O sea, que promulgaron hace cuatro años un pacto oficial, para arrinconar en todo el Estado al principal partido de la oposición, es decir, a media España. Pero, que conste, que tanto Zapatero como sus amigos del Tinell lo han hecho con el único y noble fin de fomentar la concordia nacional, claro está. Tenían que apuntalar el cordón sanitario, no se les fuese a ocurrir a los fachas quitarles la poltrona. Y es que mira que son intolerantes, crispadores y antidemocráticos los del PP, ¿verdad?. En cualquier caso, y pese a esta interminable y colosal cadena de tomaduras de pelo, al menos no me negaréis lo bien que habla mi José Luis. Sobre todo cuando mira a la cámara empleando palabras como solidaridad, cohesión, igualdad, unidad, convivencia, respeto, democracia, etc., etc., etc., etc., etc.

(Sobran más comentarios acerca de los principios de este charlatán, y perdonen que no me levante, pero es que estoy tirado por el suelo, muerto de risa.)

** Artículo 138 de la Constitución Española.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

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